Caso Scala
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El Caso Scala fue el proceso judicial desatado a raíz de un incendio provocado en la sala de fiestas Scala de Barcelona el 15 de enero de 1978 que resultó con la muerte de cuatro personas y en el que se intentó inculpar a las organizaciones anarquistas CNT y FAI.
Los hechos
Durante la mañana de aquel domingo 15 de enero de 1978 se celebró en Barcelona una manifestación autorizada convocada por la CNT a la que asistieron unas 15.000 personas. Los cenetistas se oponían a los Pactos de la Moncloa al considerarlos un pacto social entre las fuerzas políticas y los sindicatos más representativos, que perjudicaban a la clase obrera. Acabada la manifestación, hacia las 13:15 horas del mediodía, un grupo de jóvenes lanzaron diversos cócteles molotov contra la puerta de la sala de fiestas Scala Barcelona, provocando un incendio y posterior derrumbamiento de todo el edificio y causando la muerte de cuatro trabajadores –Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo-, paradójicamente afiliados a la CNT, que se encontraban en el local en aquellos momentos.
Los medios especularon sobre la autoría del ataque, achacándolo unos a asesinos comunes, otros a asuntos relacionados con la sala de fiestas e incluso se establecieron relaciones con una campaña a favor de la libertad de expresión en apoyo de Albert Boadella. Finalmente el martes 17, un comunicado de la Policía informó de la detención de los autores del atentado, quienes fueron relacionados con el sindicato anarquista CNT.
El periódico de la CNT francesa de la época (las páginas en francés del "Espoir"), publicó en Toulouse la implicación de colaboradores de la policía como autores, infiltrados en la CNT justo antes del hecho.
Proceso judicial
La vista del Caso Scala tuvo lugar en diciembre de 1980. Los abogados defensores (Loperena, Palmés, Krauel y Seguí) solicitaron que el ministro de gobernación, Rodolfo Martín Villa compareciese a declarar, pero no lo hizo. La posición de la defensa apuntaba hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato CNT con el objetivo de desacreditar tal sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. La sentencia condenó a José Cuevas, Xavier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de homicidio involuntario y por fabricación de explosivos; Luis Muñoz fue condenado a dos años y seis meses por complicidad, y Rosa López, a 5 meses por encubrimiento. El recurso presentado por los abogados defensores fue desestimado por el Tribunal Supremo.
Con el paso de los años se fue descubriendo el papel crucial y decisivo que desempeñó el confidente de la policía, Joaquín Gambín, el Grillo, también conocido como el Rubio o el Legionario, en este asunto. Fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la judicatura. Finalmente, a finales de 1981, Gambín fue detenido por la policía tras un tiroteo en Valencia. El Caso Scala volvía a abrirse.
La segunda vista del Caso Scala Barcelona, en diciembre de 1983, solo tuvo un acusado: Joaquín Gambín. La sentencia lo condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos. La CNT ha presentado siempre este asunto como una maniobra oscura del gobierno dirigida a frenar el ascenso del sindicato anarquista, que se resintió indudablemente de la repercusión social que tuvo el Caso Scala.
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